Carta desde la cárcel
Hace algún tiempo nos escribió Patricio Gallardo Trujillo desde la Cárcel de Santiago Uno. Gallardo -lautarista que salió de la Cárcel de Alta Seguridad el 2004- se encuentra allí desde hace algunos meses, imputado como autor del asalto a un camión de valores en el Mall Alto Las Condes. Desde el 31 de diciembre de 2010 se encuentra en Huelga de Hambre Líquida. Aquí extractos de su carta.
Pertenezco a la generación de subversivos y revolucionarios de los 80; una generación que se vió eclipsada por el proceso de transición, ya que una buena parte de esos dirigentes y militantes populares, una vez recuperada la democracia, se refugiaron al alero del Estado, pretendiendo hacer política desde las migajas y desde el control social, con lo que necesariamente debían renegar de la identidad revolucionaria; también levantaron nuevos mitos como la renovación, la acumulación estratégica o el contrapoder, dotando a la lucha social de un velo castrante y carente de su sentido revolucionario. Así, a principio de la década de los 90 los subversivos y revolucionarios nos fuimos quedando solos, en la medida que se fue diluyendo la generación en la que incentivamos la apuesta y la aventura de hacer y vivir la revolución chilena al finalizar el siglo XX.
En el Lautaro de hoy no somos clandestinos ni estamos usando las armas, hoy somos una fuerza subversiva, pequeña por lo demás. Es en el mes de agosto de este año que comienza un seguimiento demostrativo a mi persona por parte de la PDI, el que linda con el acoso.
El día 30 de este mes soy detenido a una cuadra de mi casa, cuando me dirigía a una entrevista de trabajo, fui conducido al cuartel de la zona oriente de la PDI, donde se me informó que estaba detenido por el asalto de un camión de valores de Prosegur, en el mall Alto Las Condes el día domingo 14 de septiembre del año 2009, en ese hecho no se pudieron llevar el dinero pero se robaron el armamento y quedó uno de los guardias herido en una pierna. El fiscal a cargo procedió de inmediato a realizar una rueda de reconocimiento con tres de las víctimas.
Luego me enteré que había otra persona detenida, Alejandro Rodríguez, quién también había sido prisionero en la CAS. La rueda de reconocimiento se realiza sin la presencia de un abogado, ya que no se pudieron comunicar con la Defensoria Pública y el fiscal no respetó cinco de los siete puntos del protocolo que para tal efecto tiene la propia Fiscalía Oriente.
En estos reconocimientos, las declaraciones primeras de las víctimas dan una descripción que no corresponde a mi fisonomía; luego, me reconocen en una fotografía en que tengo 25 años, con otras características muy diferentes, sin ninguna cana. Finalmente, me reconocen en rueda de presos cuando tengo 46 años y estoy con mi pelo blanco.
En los tres momentos tengo características muy diferentes. Sin duda, el reconocimiento ha sido inducido en todo momento. Lo más torpe de todo, es que la PDI tiene personal altamente especializado en este tipo de peritajes y se supone que el fiscal debiera tener un mínimo de criterio para discernir ante una prueba tan burda. Con Alejandro Rodríguez no me veía desde el año 2007 y después de la prisión nunca participé en actividad alguna con él, la PDI en todo momento ha tenido mis antecedentes personales y laborales, en un año de seguimiento no pudieron aportar ningún elemento que me pudiera involucrar.
El 31 de agosto fui trasladado al 4to juzgado de garantía, donde el tribunal me deja en libertad, por considerar que los elementos presentes en el proceso no ameritaban mi prisión, también invalida el argumento de mis antecedentes penales, en cuanto a que los juicios fueron llevados por tribunales militares y sin ajustarse al estado de derecho.
Sin las garantías de un debido proceso, el fiscal apeló a la Corte de Apelaciones, que determinó que debo permanecer en prisión. Con posterioridad y presentando todos mis antecedentes laborales, de estudios y de Gendarmería, además, refutando con mayor conocimiento de causa los argumentos de la fiscalía, el 4to juzgado me vuelva a otorgar la libertad, pero la Corte de Apelaciones me la vuelve a anegar, argumentando que falta poco tiempo para el término de la investigación y que debo esperar (¿es este argumento jurídico?).
Es importante ver cómo s e construye la llegad a mi El caso lo toma primeramente la SIP de Carabineros, quienes emiten un informe en el que afirman que por el modo operativo el asalto solo pudo ser realizado por “descolgados de grupos terroristas”, entonces se “construye” un set fotográfico con alrededor de 30 fotografías de las cuales 21 pertenecen a prisioneros que estuvieron en la CAS. De este set, fuimos reconocidos Alejandro Rodríguez y yo.
La cárcel.
El eslogan que mayor dividendos en votos aportó a la campaña de Piñera fue el de combate a la delincuencia, incluso dentro de los mismos sectores populares ¿por qué? Los estudios a los que dedica tanto tiempo y dinero el señor Espina, son esencialmente positivistas y sus conclusiones meramente prágmaticas.
Sucede que en el capitalismo de países subdesarrollados, la delincuencia es un producto de los modelos de desarrollo y no tiene solución, al menos en sus aspectos más generales.
La delincuencia en Chile es un problema de tipo “cultural”, es decir, en la medida que existan los patrones de consumo impuestos por el mercado y los bolsones de extrema pobreza, en la medida que el éxito y la felicidad son expresados a través de un consumo ostentoso y el 40% más pobre de la población debe buscar sus posibilidades de desarrollo en un mercado que le es en extremo marginador y excluyente, entonces para muchos jóvenes de estos sectores resultará atractivo y válido el recurrir al delito para satisfacer sus necesidades impuestas por la oferta, los puntos rojos en el mapa de Espina son estos bolsones de reproducción de delincuentes.
Es muy menor casi marginal el porcentaje de delincuentes que sigue el camino por opción propia, pudiendo desempeñar un oficio que le brinde posibilidades de desarrollo y ascenso social a su familia; un porcentaje igual de pequeño responde a patologías psiquiátricas, pero estas no son tratadas debidamente por el sistema de salud.
Recuerdo el caso de Zenón Soto Tapia en Concepción, un muchacho muy joven, violó una niñita de tres años, fue condenado a cinco años, su conducta en la cárcel fue intachable, comenzó a salir con beneficios a los tres años y en una de esas salidas violó y dio muerte a una sobrina de cinco años; este muchacho pasó por todos los controles y exámenes psiquiátricos para ser condenado, pero nadie advirtió de su patología, incluso para el sentido común un adulto que viola una guagua de tres años es un tipo enfermo, en esa oportunidad la actual intendenta de concepción Jacqueline van Rysselberghe, de profesión psiquiatra, orquestó toda una campaña pública y formó una agrupación de abogados para que el muchacho fuera condenado a pena de muerte, ella estaba pidiendo que se asesinara a uno de sus posibles pacientes; el tema adquirió ribetes políticos, ya que Frei intervino para que no se condenara a muerte a ese joven y no tener que indultarlo.
La muerte de esa niña de cinco años fue responsabilidad del sistema que no supo detectar ese caso patológico y la mentalidad de esta insigne dirigente de la Derecha fue el puro castigo. Las cárceles chilenas están llenas de populares que son marginados del desarrollo capitalista, la delincuencia no es un problema genético.
El sistema penitenciario es un engranaje más de los mecanismos de control y contención de este producto no deseado del capitalismo y la lógica de su funcionamiento es el puro castigo.
En las cárceles está prohibido que los internos tengan acceso al reglamento interno e incluso el código de procedimiento penal, los allanamientos son vejatorios incluso para los familiares que vienen a visita, los errores o las faltas se castigan con golpes, es habitual ver en los distintos rincones de la cárcel cómo se golpea a los internos.
A modo de ejemplo, acá en la cárcel de Santiago Uno, está el teniente Molina, rubio y ojos celeste, pero pequeño como Hittler, quien permanentemente tiene una actitud de provocación hacia la generalidad de los internos, nos trata de animales y de basura a propósito de nada, se dirige a los internos con insultos groseros que buscan la reacción del interno para provocar castigo, este abuso de poder o de autoridad del oficial es reflejado en los subalternos más proclives al trato abusivo.
A mí se me respeta, tal vez por mi edad o mi prontuario, también es justo decir que no todos los oficiales y gendarmes tienen esta actitud provocativa y más bien se mantienen dentro de márgenes tolerables, pero el funcionamiento en general opera bajo comentarios de violencia.
Me ha llamado mucho la atención el efecto de la concesión o privatización de los servicios intrapenitenciarios. En mi prisión anterior, los profesionales civiles siempre tuvieron un trato muy humano y se sentía, estaban dotados de una ética muy humanista y conocían muy bien las problemáticas de los internos, aunque contaban con los mínimos recursos siempre brindaban una atención condescendiente.
Hoy, las psicólogos y asistentes sociales son empleados de la concesionaria y se limitan a llenar una que otra planilla, frente a cualquier requerimiento de los internos aducen que ellos no tienen ingerencias en Gendarmería y que su trabajo se limita al simple informe, que no pueden hacer nada más, este es el discurso de todos, es decir, su trabajo se limita a lo meramente burocrático.
Lo mismo sucede con la atención en salud, hace un par de semanas doce de los cincuenta internos del módulo nos encontrábamos agripados, la paramédico argumentó no tener anti gripales y que la semana siguiente llegarían las inyecciones.
La gripe en primavera dura tres o cuatro días y es un error inyectar benzatina. Al lunes siguiente sólo dos internos se inyectaron, cuando concurrí a un chequeó de rigor, el enfermero me pidió que dejara mi ropa en el suelo, pues no había una silla y menos una camilla; el dentista, con insignia de la Universidad Católica, me argumentó que no habían calmantes y que sólo me podía extraer la pieza dental si me seguía molestando.
Del servicio de rancho, mejor no voy a hablar, sólo decir que para el día del Bicentenario nos dieron lentejas y media marraqueta con un trozo de longaniza, lo peor es que los alimentos no entran por visita, nuevamente la lógica de castigo, ningún interno comió asado para el Bicentenario de la Patria. La privatización ha generado un problema muy severo en el ejercicio ético de los profesionales que atienden a la población penal y al parecer no existe un control externo o este es demasiado permisivo.
El hacinamiento no es casual, este penal fue diseñado para dos mil internos, ya tiene tres mil ochocientos, todos los penales del país tienen el doble o el triple de sobrepoblación, la ex- penitenciaría es para mil ochocientos y tiene más de cinco mil internos.
Las negligencias que costaron tantas vidas en el incendio de la cárcel de San Miguel no son una casualidad, en Iquique murieron cuarenta internos calcinados, en la cárcel de menores en Temuco murieron ocho adolescentes bajo las misma condiciones.
Patricio Gallardo Trujillo
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